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En la búsqueda de una cultura de prevención sísmica centrada en la generación de habilidades para la vida

Por medio del presente artículo pretendo presentar un aporte más a la cultura de prevención sísmica, el que resultó de la investigación que desarrollé para obtener el título de Magíster y que bien podría ser encuadrado dentro de la prioridad que el Marco de Acción de Hyogo asigna a “utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para crear una cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel y fortalecer la preparación de desastres para una respuesta eficaz a todo nivel”. Cuando comencé a delinear las ideas que deberían guiar mi trabajo de tesis tuve bien claro que mi investigación incumbiría estar vinculada a mi función laboral, orientada a la gestión del riesgo de desastres, con los conocimientos adquiridos durante el cursado de la maestría; con la finalidad de generar un valor agregado, tanto a mi trabajo como a los destinatarios del producto final, la comunidad sanjuanina (Provincia de San Juan – República Argentina).

Aunque mis conocimientos relativos al riesgo sísmico eran básicos entendí que mi aporte debería mantener la tradicional orientación para mitigar la peligrosidad y vulnerabilidad física incorporando la variable social a esa ecuación como para alcanzar ese óptimo de “prevención sísmica” que se viene buscando desde aquel luctuoso 15 de enero de 1944, en que la ciudad de San Juan se vio afectada por un terremoto que en tan solo 60 segundos afectó a más del 50% de su planta urbana, que para aquel entonces cubría una superficie aproximada de 16 Km2.

Luego de recabar la información pertinente al tema pude identificar la Ley No 25.817, sancionada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 9 de diciembre de 2003, norma que impulsaba un “Programa Nacional de Educación para la Prevención Sísmica”. Luego de consultar a distintos referentes claves, pude constatar que no existe implementación alguna, tanto a nivel nacional como provincial, más allá del acto formal de adhesión a la ley nacional.

Una de las dificultades para la implementación de la norma residía en la necesidad de celebrar “convenios de coordinación de acciones” entre el INPRES (Instituto de Prevención Sísmica, organismo de nivel Nacional) y los Ministerios de Educación de las 16 provincias que conforman la Zona Sísmica del Territorio Argentino, con la finalidad de “uniformar políticas de prevención sísmica”. No obstante; y aún cuando identifiqué al Consejo Federal de Educación y Cultura de la Nación como el ámbito idóneo para el logro de ese objetivo, entendí que solo esto podía ser alcanzado a partir de una decisión política de los ejecutivos provinciales, teniendo en cuenta que este organismo está presidido por el Ministro de Educación de la Nación e integrado por todos los ministros de Educación de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que conforman la República Argentina.

Independientemente del condicionante de naturaleza política, entendí que mi aporte debía estar orientado al diseño de un anteproyecto que permitiera, una vez firmado el “convenio”, disponer de una alternativa de solución a la implementación de la Ley de referencia (Programa Nacional de Educación para la Prevención Sísmica).

Evaluando distintas opciones de solución, comprendí que entre las consideraciones a tener en cuenta debería prestar especial atención a que todas incluyeran:

? Una clara orientación educativa.
? Una población definida.
? Una metodología centrada en la generación de “habilidades” por sobre la simple transmisión de conocimientos teóricos.

Siguiendo esos parámetros, las alternativas de solución deberían lograr “producir una cultura de prevención centrada en la generación de habilidades para la vida”. Habilidades que desde la gestión del riesgo ante desastres se las identifica con la “autoprotección”, actitud creada en el individuo y disponible tanto en el antes, el durante y aún después del evento adverso (en este caso, el sismo); no obstante, la acción paralizante que suele producir en las personas su ocurrencia.

Teniendo en cuenta que ese cambio cultural se dará en pocos años, entendí que la población de interés debería estar constituida por el Nivel Inicial (pre-escolar) y la EGB (Educación General Básica) 1 y 2 estatal de la provincia de San Juan (de 5 a 12 años de edad). Asimismo, decidí excluir de la muestra al ciclo 3 de la EGB, para adecuar la propuesta a la organización educativa de la provincial de San Juan.

La selección de esos niveles educativos se sustenta en la capacidad de asimilación de los niños, su disponibilidad a incorporar conocimientos, y la posibilidad de transferencia al ámbito familiar, producto del grado de participación que los padres mantienen en esos niveles educativos.

La mejor propuesta que pude identificar fue la que denominé: UNICAS (Unidad Itinerante de Capacitación en Sismos), la que resultará como producto del trabajo de un equipo conjunto conformado por personal del INPRES y del Ministerio de Educación de la provincia de San Juan. El anteproyecto incluye un formato de capacitación sustentado en Jornadas, las que se concretarían conforme se desarrolla el ciclo lectivo y su centro de gravedad estará orientado no solo a la incorporación de conocimientos teóricos, sino a la creación de herramientas idóneas para su transferencia a los distintos niveles educativos identificados como población de interés.

Si bien en nuestro país existen instructivos, folletos y otras herramientas para capacitación (incluso programas multimedia), no solo no son funcionales al sistema educativo, sino que tampoco han permitido alcanzar el objetivo de prevención pretendido por este trabajo.

La tesis deja a consideración de aquel equipo de trabajo conjunto la definición si resulta conveniente iniciar con la capacitación de los docentes, o paralelamente a la capacitación docente realizar la transferencia a los alumnos, a los efectos ganar tiempo. No obstante, se debe tener especialmente en cuenta que la provincia dispone de 6.928 docentes en esos niveles distribuidos en 720 establecimientos educativos, lo que demandaría unos 3 años la capacitación solo de los docentes, de acuerdo a la programación propuesta.

La oportunidad para la implementación del Programa de referencia, la establece el artículo 7 de la norma, donde se faculta al Jefe de Gabinete de Ministro (año 2003) a “proceder a las reestructuraciones y modificaciones presupuestarias que correspondan, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley”, aspecto que hoy se ve potenciado a partir de la reciente sanción de la ley de superpoderes otorgados al Jefe de Gabinete de Ministros, y porque en lo fundamental no generará gasto alguno a las provincias comprendidas dentro de la Zona Sísmica Argentina.

Posterior a la defensa de la tesis, la Universidad Católica de Cuyo (donde cursé y presenté mi tesis), dispuso su transferencia al ámbito gubernamental. En aquel momento, segundo semestre del año 2006, el entonces Diputado Provincial Miguel Martín Martín asumió el compromiso de presentar un Proyecto de Ley modificatorio de la “tradicional” ley de adhesión de la provincia a la ley nacional. Para la presentación del Proyecto fui consultado por el señor Diputado junto con la Arquitecta Hemilce Benavídez (Directora de Tesis) a los efectos de aportar los fundamentos necesarios para sostener su presentación. Es así como el 23 de noviembre de 2006 se sanciona la Ley Provincial No 7761, la que entre otras cosas define:

  1. Establece al Ministerio de Educación Provincial como Autoridad de Aplicación de la Ley para suscribir los convenios de coordinación de acciones con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica,

  2. Impone el término de 90 días para concretar la anterior acción, y

  3. Autoriza al Ejecutivo a realizar las reglamentaciones, reestructuraciones y las previsiones presupuestarias necesarias a los fines de la aplicación de la presente ley.

El 8 de mayo de 2007, fecha en que se conmemora la creación del INPRES y como tal el “Día Nacional de la Prevención Sísmica”, se firmó el “convenio” de referencia entre aquel organismo de nivel Nacional y el Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan, el que instituía entre otras consideraciones el establecimiento de una “Comisión Interdisciplinaria” con la facultad para entender en la definición de las acciones concretas a desarrollar a futuro. Entiendo que la provincia de San Juan, la de mayor peligrosidad sísmica de la Argentina, ha comprendido que la “reducción de desastres empieza en la Escuela”.

Para mayor información contactar a: Tcnl/Mg. Sergio Fernando Sánchez sergiosan_61@yahoo.com.ar Aclaración: la dirección de mail incluye un guión bajo (_) entre sergiosan y 61.


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