Revista EIRD Informa - Las Américas
 
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Desarrollo económico y cuidado del medio ambiente Reflexiones desde el Derecho

¡Cuánto nos ha costado a los humanos ser humanos! ¡Cuánto nos ha costado darnos cuenta que esta nave espacial a la que llamamos Tierra no cuenta con recursos infinitos y que no se renuevan automáticamente! Para eso hemos debido transitar distintas etapas muy difíciles y lentas en un principio, y un poco más aceleradas en los últimos tiempos.

Poder materializar con un consenso generalizado la idea de “derecho fundamental”, que correspondiera antes que nada el respeto a la vida, a la libertad, a la igualdad y a la dignidad del hombre, poder plasmarla en una regla escrita llamada Constitución, fue un logro que llevó siglos alcanzar y que deviene con el nacimiento de los Estados modernos. Ese estado liberal gendarme, que se limitaba a garantizar el ámbito privado del hombre, su seguridad y justicia cuando la necesitara, por supuesto que no era siempre tan efectivo en su tarea ,pero al menos se extendía la idea de los derechos civiles y políticos de las personas a través del mundo conocido.

Con la aparición de la industria comienzan a concentrarse los medios económicos en grupos predominantes y, la mayoría de los individuos, simples trabajadores, ven cómo se avasallan sus derechos y comienzan las reacciones, para lograr reivindicaciones sociales, económicas y culturales. Así surgen constituciones de mitad del siglo XIX, que consagran el estado social de derecho, con un estado más participativo y solidario con sus ciudadanos, lográndose así los llamados “derechos de segunda generación” a través de lo que se llamó “estado benefactor”. Llegamos así a los llamados “derechos de tercera generación” que surgen a mitad del siglo XX, como reacción al desmedido y negligente desarrollo industrial, que no ha reparado en priorizar la utilidad económica, aunque cause un deterioro en el medio ambiente y la calidad de vida del ser humano, muchas veces irreversible. Estos derechos no desechan los anteriores derechos fundamentales, sino que los complementan, frenando los abusos que puedan poner en peligro todo el sistema de vida. Estamos en presencia de las “garantías ecológicas de los derechos económicos” que impone derechos y ,a su vez, deberes a todos los tutelados. Este movimiento se proclama a nivel mundial con la Declaración de Estocolmo de 1972; con numerosos tratados intermedios, como la cumbre de Río de 1992 hasta al llegar al 2005, con la Conferencia Mundial para la Reducción de Desastres ONU”, llevada a cabo en Kobe, Japón de la que surge el “Marco de Acción de Hyogo”, con medidas precisas y concretas a desarrollar en el periodo 2005 - 2015, que se encuentran plasmadas en el documento MAH.

Paralelamente se han reformado constituciones en el mundo para adaptarse al nuevo concepto jurídico que ampara la cuestión ambiental como un derecho fundamental; así en Argentina, en la reforma de 1994, en su art. 41, lo consagra como un derecho- deber para que todos los habitantes puedan “gozar de un ambiente sano y el deber de todos de preservarlo”. Obliga a las autoridades a proveer este derecho y que sea principio rector de su política social y económica. Plasma el concepto de Desarrollo Sostenible, del cual podríamos dar una definición muy básica desde nuestra mirada: desarrollo económico con cuidado del medio ambiente.

Claro es que esta problemática está muy lejos de tener su óptima resolución. Los logros son escasos y el camino lento. Supone cambios costosos en los sistemas productivos, y sobre todo educación e información en todos los niveles, para lograr eficacia en la tutela ambiental.

Lo importante es que el camino está trazado. Transitemos sin interrupciones por el bien de nuestro presente y futuras generaciones. No nos faltan normativas, nos falta mayor divulgación de las legislaciones específicas para que, desde el conocimiento, la comprensión y el ejercicio de los derechos, las personas y las organizaciones puedan tener la justa protección legal, para comprometerse con un intensivo y sostenido cuidado del medio ambiente. La “socialización de la información”, uno de los aspectos que enuncia el MAH, debe incluir la información de los “derechos ambientales”, así, los diferentes sectores sociales e institucionales podrán fortalecer sus acciones tendientes a “garantizar que la RRD sea una prioridad nacional y local con una sólida base institucional para su aplicación” (MAH, Prioridad de Acción 1)

Dra. Ana Lía Kraan
Especialista en Derecho Ambiental (Título de pos grado) Abogada
San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, Argentina
analiakraan@hotmail.com


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