Con las siguientes líneas, deseamos llamar la atención de algunos aspectos:

1. Aunque en los últimos diez años el concepto de gestión del riesgo ha tendido a consolidarse, la noción de éste se encamina a ser asumida en una progresión que va:

2. Por el contrario, advertimos la necesidad de trascender este discurso y óptica, invocando la concepción, documentación y atención del riesgo desde el desarrollo:

2.c) en todo proyecto de inversión pública y privada;
e) documentar y controlar a su vez las probabilidades de transferencia temporal y espacial de vulnerabilidades hacia zonas, actividades y momentos diferentes de los proyectos de inversión, que suponen riesgo a ser asumidos por terceros.

Sin embargo, las explosiones de ceniza volcánica del Ilamatepec (en El Salvador), el Santiaguito y el Galera (en Guatemala y Colombia respectivamente), el Cerro Negro, San Cristóbal (en Nicaragua) o de Agua (en Guatemala), según el período del año y la dirección de los vientos, generan repercusiones de días, semanas y hasta meses sobre la salud respiratoria de la población, sobre cultivos, cosechas agrícolas y actividades pecuarias y avícolas, e incluso acumulan material volcánico (incluyendo lajares) en laderas, aumentando probabilidades de deslizamientos y flujos masivos que afectan la hidrografía de la zona durante la estación lluviosa, lo cual puede manifestarse colateralmente o hasta meses después. A esto se suma el recuerdo de erupción de gases tóxicos del volcán Arenal en Costa Rica en 1968, que provocó manifestaciones dramáticas en un radio de acción territorial y temporalmente inmediato. No obstante, la misma zona aparece veinte años después y de manera creciente como relevante foco de inversiones productivas, asentamientos, infraestructura y atracción turística.

¿Es éste un escenario de vulcanólogos y monitoreo de flujos, temperatura y probabilidades de cualquier tipo de erupciones? Por supuesto, pero esto no es suficiente; es necesaria una multitud de escenarios, disciplinas (geofísica, hidrografía, agricultura, economía, etc.) y sus respectivos estudios, cálculos y decisiones, para considerar niveles de riesgos que afectan diferentes actividades del desarrollo, asentamientos e intereses sectoriales.

Es de Perogrullo reconocer que la humanidad siempre ha buscado las faldas de los volcanes para asentarse y generar actividades agrarias, beneficiadas por suelos ricos en nutrientes y climas relativamente frescos. De manera similar, los asentamientos y actividades humanas han proliferado en sitios donde abunda y se facilita el acceso a fuentes superficiales y subterráneas de agua.

No obstante, desde la perspectiva de emergencia y desastre que prevalece, tienden también a simplificarse las diferentes dimensiones de impacto y pérdida, por lo cual proponemos una primera categorización, siempre desde la perspectiva de sus implicaciones de reconstrucción, planificación y ejecución del desarrollo:

a) Pérdida afectiva: remite al dolor que embarga al individuo,la familia y la colectividad por la pérdida de un ser querido.
b) Pérdida material: remite al impacto provocado por la pérdida total o parcial de la vivienda, muebles y enseres de uso cotidiano, que conforman sentido de habitabilidad, pertenencia y comunidad de personas y colectividades.

Desafortunadamente, éstas dos tienden a llenar las imágenes de prensa y a movilizar las reacciones de respuesta inmediata y solidaridad posterior a los eventos. No obstante, faltan:

c) Pérdida del patrimonio y los activos de producción, generación de ingresos y supervivencia, que desprovistos de una traducción fehaciente nos obligan a acudir a su terminología en inglés: pérdida de livelihood.
d) Pérdida de capacidad de inversión, de capitalización o como sujetos y de acceso al crédito. Ello limita las posibilidades de regeneración de actividades, empleos, flujos de bienes, capitales e ingresos locales, regionales e incluso nacionales, dependiendo de la magnitud de hechos y del carácter estratégico de sectores afectados.

La inmediatez de la respuesta y la relativa mediatez de la ayuda humanitaria no resuelven necesariamente las demandas y plazos de reestablecimiento de cultivos en zonas devastadas por la imprevisión y los tiempos de espera para disponer de nuevas cosechas. Las acciones previas al desastre ocasionado por la tormenta tropical Stan en Guatemala fueron alertas por parte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y algunas alcaldías, no necesariamente atendidas por la población. El impacto estuvo marcado por la indiscutible vulnerabilidad de poblados y actividades productivas, asentadas en zonas de alto riesgo y sin alternativas de mitigación estructural. No obstante, la actual coyuntura y muy probablemente la de los próximos dos años estarán regidas por la rehabilitación y reconstrucción vial (más de 850 km de vías y 25 puentes estratégicos fueron dañados) y agraria, y serán asumidos por las secretarías de Planificación y Programación (SEGEPLAN), de Agricultura y Ganadería, de Obras Públicas y Transporte, e incluso de Salud, Educación e Información, dados los recientes pronósticos emanados del Foro Climático de Centroamérica, que advierten para las mismas regiones del altiplano que en plena fase de rehabilitación serán afectados seriamente por una secuencia de frentes fríos y vientos alisios, cuyas bajas temperaturas pondrán en peligro la salud de una población de por sí vulnerable y sus actividades agrícolas.

Para finalizar, llamamos la atención al hecho de que estos mismos escenarios, a inicios del siglo XXI, retan a científicos y técnicos responsables de la investigación y el monitoreo de fenómenos naturales; a planificadores del desarrollo nacional, regional, local y de todos los sectores; a tomadores de decisión e inversionistas tanto públicos como privados; a formadores de opinión (prensa escrita, radial, televisiva y publicistas) y a educadores formales y no formales, a comprender y asumir el reto de aumentar los diálogos, las consultas, la gestión disciplinariamente complementaria y la responsabilidad de todos respecto de garantizar una mejor convivencia con el medio, utilizar prácticas explícitas de uso racional de los recursos naturales, promoviendo cambios que permitan alcanzar con hechos, resultados y claros indicadores de logro el cumplimiento de los mandatos emanados en octubre de 1999, presentes en la Declaración de Guatemala:

a) garantizar la seguridad de vidas, bienes, infraestructura vital e inversiones; e
b) incorporar la reducción de vulnerabilidades y del riesgo de desastres en la planificación del desarrollo nacional, regional, local y sectorial.

Lo anterior, en procura de avanzar en la reconstrucción y transformación de América Central más allá de discursos, acuerdos y propuestas, que a la fecha continúan estando en deuda.